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6. La demanda judicial en los tribunales del Estado de Florida. Estas maniobras ilegales están descriptas con mayores detalles en la demanda civil que promoví ante los tribunales del Estado de Florida, Estados Unidos, por violación de la denominada "Florida Civil Rico Law" la cual autoriza, inter alia, la aplicación de sanciones de naturaleza civil a personas que hubiesen cometido ciertos delitos, incluyendo el lavado de dinero. Me vi forzado a presentar esta demanda en Florida porque una gran cantidad -si no todo- del lavado del dinero se efectuó a través de bancos del Estado de Florida, y porque en Guatemala carezco del debido proceso legal, particularmente la garantía de un tribunal independiente e imparcial para la determinación, dentro de un plazo razonable, de mis derechos emergentes de mi calidad de accionista de la empresa avícola que fundé con mis hermanos. Carezco, igualmente, del derecho a la certidumbre que debe proporcionar toda sentencia definitiva que determine aquellos derechos con fuerza de verdad legal, a la seguridad jurídica, a un recurso sencillo, rápido y eficaz, y a la tutela judicial efectiva para el amparo de mis derechos fundamentales.

Ello lo acredité con declaraciones juradas y firmadas de personas que tienen conocimiento acabado de la situación generalizada y endémica que impera en el Poder Judicial de Guatemala y de la influencia que pueden ejercer en sus miembros, entre otras, personas de cierto poder económico, social o político, como lo poseen mis sobrinos y los miembros de la junta directiva de la compañía que me cuenta como uno de sus accionistas.

7. Los juicios en Guatemala confirman esta afirmación. El retardo injustificado. También lo acredito con el retardo injustificado -que no me es atribuible- conque se tramitan los juicios que promoví en 1999 ante los tribunales de Guatemala por los que demando la nulidad de la cláusula del contrato de sociedad relativa a la conformación y celebración de las asambleas societarias. Dado su objeto, los pleitos se ventilan según las reglas del proceso ordinario, por disposición legal.

Repare la Comisión que el objeto de estos procesos consiste en una cuestión "de puro derecho", vale decir, simple, pues no requiere de otras pruebas que la agregación del contrato de sociedad y, a lo sumo, de los edictos convocando a asambleas y de las actas de apertura de las mismas, piezas de convicción que, dado su carácter documental, no ofrecen dificultad alguna para que el tribunal las obtenga fácilmente y sin mayores dilaciones.

Pues bien, a más de dos años de promovidos, estos juicios se encuentran aún en la primera de las instancias judiciales que debo agotar para obtener una sentencia definitiva con fuerza de verdad legal sobre el particular.

La falta de tutela judicial efectiva. A su iniciación solicité medida preventiva de suspensión de toda asamblea que se convocase y celebrase según la cláusula contractual atacada de nula. Se rechazó esta petición con el fundamento de que no había sido convocada una asamblea con fecha definida. Por tanto, este tipo de proceso ordinario no admite una medida preventiva general de suspensión de las asambleas anuales hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, esto es, la nulidad de la cláusula contractual.

Por ello, ante la concreta convocatoria a asambleas de accionistas para octubre de ese año, presenté solicitud de suspensión preventiva de las mismas. Una vez más la respuesta judicial fue el rechazo. La no admisión o concesión en tiempo y forma de la medida preventiva de suspensión, ni inicialmente ni ante la inminencia de una asamblea, demuestra que dicho juicio de trámite ordinario no constituye recurso judicial eficaz y, por ende, carezco de tutela judicial efectiva para mis derechos.

Esto provocó que tuviera que acudir a la vía extraordinaria del amparo donde se suspendieron preventivamente las asambleas. Pero, transcurrida la fecha de la convocatoria, se declaró sin lugar por haberse vuelto "sin materia" -es decir abstracto- el amparo interpuesto.

Por lo tanto, cada año debo interponer sendos amparos para intentar suspender preventivamente las asambleas convocadas al abrigo de la cláusula contractual tachada de nula, puesto que la resolución en los amparos solo sirve para suspender preventivamente la asamblea de cada año y luego son declarados "sin lugar". O sea, no hay un remedio legal y judicial efectivo para hacerlo hasta tanto se resuelva en definitiva la nulidad de la cláusula contractual aludida.

Las alternativas que se suscitaron en los años 2000 y 2001 la expongo más adelante (capítulo quinto: E. a y b). Sin embargo, las aquí consignadas son suficientes para poner de manifiesto que carezco del debido proceso legal y de un recurso sencillo, rápido y efectivo en el sistema judicial de Guatemala. Al respecto, advierta la Comisión que la realización de las asambleas mientras se dirima definitivamente la nulidad de la cláusula contractual cuestionada, permite a mis socios -o sea, mis sobrinos- convalidar mediante la aprobación de los accionistas presentes -es decir, aprobarse- toda gestión de la junta directiva o del órgano deliberativo -una vez más, ellos mismos- que perjudique o haya perjudicado mis derechos e intereses con anterioridad.

Las inferencias de este caso judicial en otros conflictos más complejos a promover en Guatemala. Si esta indebida dilación se da en un asunto tan sencillo como lo representa el cotejar la cláusula del contrato con la ley vigente, piense la Comisión -conforme a la experiencia que tiene adquirida acerca de la administración de justicia en mi país de nacimiento y a las personas involucradas, de notoria enjundia social, política y económica- cuánto tiempo demorará esa justicia en resolver definitivamente la denuncia o querella criminal por defraudación o administración fraudulenta, o la demanda civil por determinación y devolución de las justas utilidades que ilegalmente no se me liquidaron y pagaron en las oportunidades correspondientes, que pueda promover contra los integrantes de la junta directiva, pues tengo derecho a ello. Juicios en los que se debe transitar una etapa de pruebas, con asistencia de testigos, prácticas periciales, inspección de documentación contable dentro y fuera de Guatemala y cuya complejidad es indudable.

La ausencia de debido proceso legal y de tutela judicial efectiva se hará más notable todavía.

Si para una cuestión tan sencilla como lo es resolver si una cláusula contractual infringe el Código de Comercio, no se me puede exigir que demande patrimonialmente y acuse criminalmente a mis socios, frente a tales circunstancias actuales, reales y ciertas.

8. Conclusiones de lo hasta aquí expuesto. Es un conflicto entre personas físicas, una de las cuales denuncia al Estado por violar sus derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. De lo hasta aquí expuesto se infiere que la controversia con mis sobrinos -mis socios- reposa, por un lado, en el ocultamiento malicioso de las utilidades reales de la empresa por parte de unos socios en perjuicio de otro, a consecuencia de lo cual se me liquidó y pagó menos que mi parte justa de estas utilidades y, por el otro, la nulidad de la cláusula contractual relativa a las asambleas, que permite su celebración sin la debida notificación, participación y voto del suscrito, en violación a la ley de comercio. En consecuencia, sin lugar a dudas, se trata de un conflicto que se suscita entre personas físicas (art. 1.1 Convención Americana), quienes son accionistas de una compañía o sociedad. Pero no planteo ante la Comisión esta cuestión patrimonial y societaria.