La tranquilidad que se respiraba en el ambiente del elegante salón del
Hotel Sonesta de Key Biscayne, esa mañana del 16 de febrero de 1999,
alimentó las esperanzas de algunos de los presentes de que la reunión a
puerta cerrada pondría punto final a una larga disputa de una de las
familias más poderosas de Centroamérica.
Durante la primera parte de la sesión, uno de los grupos familiares
escuchó pacientemente las explicaciones del otro respecto a los negocios
de la enorme y próspera empresa Avícola Villalobos. No hubo gritos ni
diatribas.
Pero la vida de todos los presentes cambió cuando Juan Arturo Gutiérrez,
uno de los patriarcas de la familia en discordia, más conocido en
Guatemala como Don Arturo, oprimió el botón de play de un aparato
de dvd.
En la pantalla apareció el propio Don Arturo acusando a los miembros
del grupo familiar opositor de ladrones y mentirosos, y para sustentar sus
señalamientos proyectó imágenes que habían sido tomadas secretamente
durante una reunión en Canadá a mediados del año anterior.
En las imágenes aparecían dos altos ejecutivos de Avícola Villalobos
explicando, sin escrúpulos, una serie de maniobras presuntamente
fraudulentas para obtener ingresos millonarios a espaldas de la
contabilidad de la empresa y engañar al fisco de Guatemala, quedándose
con los impuestos a las ventas.
Allí también se citaba el testimonio de un auditor del grupo familiar
que describió cómo los sobrinos de Don Arturo utilizaban cuentas
bancarias en Miami para esconder ingresos y dividendos de la empresa.
Como despedida del documental, el empresario les advirtió que se
prepararan para una acción legal.
En ese momento, de acuerdo con la versión de los demandados, las
puertas del salón del hotel se abrieron y apareció una tromba de
notificadores judiciales que abordaron a los ejecutivos para que firmaran
citaciones a un proceso civil que la empresa matriz de Don Arturo, Lisa
S.A, acababa de entablar en una corte estatal de Miami.
Una cámara, a la entrada del salón, instalada por investigadores de
los demandantes, captó la llegada y la salida de los asistentes y en otro
lugar del hotel se tomaron imágenes de los automóviles de los invitados.
Con este reality show de la familia Gutiérrez, se inauguró una
batalla legal que involucra como acusados de fraude y lavado de dinero a
los representantes de la familia más rica y políticamente influyente de
Guatemala, propietaria de un conglomerado de unos $2,200 millones que
controla la industria avícola, tiene inversiones en hidroeléctricas,
banca, medios de comunicación e industria alimenticia.
Como consecuencia del litigio, varias casas lujosas y apartamentos de
Key Biscayne, dos aviones ejecutivos, automóviles y numerosas cuentas
bancarias en Miami y Nueva York han sido embargados preventivamente por
orden de un juez estatal.
En Miami, Don Arturo y su hijo Juan Guillermo Gutiérrez, en nombre de
Lisa, S.A., adelantan dos procesos civiles, uno estatal, por uso de
propiedades robadas; y otro federal por confabulación para cometer actos
fraudulentos y lavado de dinero bajo la figura legal del RICO Act
(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations).
Hace un mes, el proceso federal tomó un nuevo impulso al conocerse una
decisión de un juez de apelación que ordenó a la corte federal reabrir
el caso sin supeditarlo al desarrollo del expediente estatal.
Entre los acusados están los dos dirigentes más visibles del emporio
familiar:
• Dionisio Gutiérrez Mayorga, líder
empresarial, periodista de televisión y financista político con
ambiciones presidenciales, a quien popularmente se le conoce como Diosito
por su extraordinario poder. Gutiérrez ocupa el cargo de copresidente de
la corporación Multi-Inversiones, la empresa matriz del grupo familiar.
Es sobrino de Don Arturo.
• Juan Luis Bosch, presidente de
Multi-Inversiones. Es uno de los más destacados promotores del tratado de
libre comercio de Centroamérica, CAFTA y adalid de la batalla contra la
dependencia petrolera de la región de los designios del presidente de
Venezuela, Hugo Chávez.
Con frentes en Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Panamá e Islas Vírgenes,
la batalla legal ha llegado al punto de que una de las partes alega que
durante el velorio de un miembro de la familia en Guatemala, el bando
contrario repartió cartas de acusaciones.
Don Arturo mantiene una página en internet sobre el caso y ha impreso
una revista gratuita con sus argumentos. Del otro bando, en su programa de
televisión Libre Encuentro, su sobrino Dionisio se ha referido
veladamente a Don Arturo como el ``sicópata de clóset''.
Edward H. Davis, abogado de la mayoría de los demandados, dijo a El
Nuevo Herald que se abstenía de dar declaraciones sobre el caso. La
decisión fue tomada un día después de que el abogado había aceptado
una entrevista con este reportero.
''Discúlpenos por la señales contradictorias, pero hemos llegado a la
conclusión de que preferimos no hablar de litigios pendientes'', explicó
Davis.
''Esa una muestra más de que no tienen argumentos'', dijo el abogado
de Don Arturo, Juan Rodríguez ``¿Qué respuesta pueden tener a los
famosos vídeos en donde el ejecutivo más importante de Guatemala aparece
reconociendo que blanquea dinero negro?''
En varios memoriales presentados en las dos cortes de Miami, los
demandados han sostenido que la querella es una forma de ''extorsión'' y
han concentrado su defensa en alegatos de que los tribunales de Estados
Unidos no tienen jurisdicción sobre el caso, pero no han respondido en
profundidad a los señalamientos de presunto lavado de dinero en bancos de
Miami a través de compañías de fachada.
La larga gresca familiar se inició a raíz de divergencias y
recriminaciones en el proceso de adquisición, por parte de Dionisio y
Bosch, de los intereses que la empresa matriz de Don Arturo tenía en el
conglomerado familiar.
Don Arturo vive en Canadá desde 1982. Decidió mudarse a ese país a
raíz del secuestro de su hijo Juan Luis, por quien tuvo que pagar un
rescate después de un cautiverio de 39 días. El empresario dejó en
manos de sus sobrinos Dionisio y Bosch la administración de sus intereses
en el grupo familiar.
Los demandantes aseguran que en los años siguientes Don Arturo perdió
interés por los negocios. La versión de Don Arturo es que sus sobrinos
dejaron de presentar reportes y en 1991 tuvo que exigir enérgicamente
documentación sobre el estado de las compañías. Después de varias
discusiones, los sobrinos le hicieron una oferta de compra que desembocó
en un desacuerdo en el precio.
De $47.5 millones que le ofrecieron en 1992, los potenciales
compradores bajaron a $17 millones a finales de 1997, aseguran los
demandantes.
''Esa reducción encendió las luces de alarma de Don Arturo y su
familia'', explicó el abogado Rodríguez.
Ante la indignación de Don Arturo, que veía que jugaban con sus
intereses, los sobrinos hicieron una contraoferta de $49.5 millones, agregó
Rodríguez.
Los extraños altibajos de las propuestas llevaron a Don Arturo a
contratar a un contador y al conocido abogado canadiense Robert Amsterdam,
quien representa al magnate petrolero ruso Mijail Jodorkovsky, ex
presidente de la petrolera Yukos, en un litigio contra el estado ruso.
El abogado fue expulsado hace tres semanas de Rusia por sus
declaraciones acerca de la corrupción del gobierno de Vladimir Putin.
Para analizar las pretensiones de cada lado, Amsterdam se reunión en
abril de 1998 en Canadá con los representantes de la contraparte,
Fernando Rojas, director ejecutivo del grupo, y Roderico Rosell, director
financiero.
En esa reunión, argumentan los demandantes, Rojas y Rosell admitieron
que un 50 por ciento de las ventas de la empresa avícola no estaban
registradas en los libros de contabilidad. La empresa estaba vendiendo
pollos vivos por debajo de la mesa. También confesaron, según documentos
aportados a la demanda, que por un error le habían entregado un reporte
contable a Juan Luis, el hijo de Don Arturo, que estaba destinado a Bosch,
su contraparte.
Amsterdam exigió a los sobrinos de Don Arturo una lista de documentos
al tiempo que contrató a Rodríguez en Miami y a una legión de
investigadores privados para que hicieran una pesquisa de la venta
irregular de pollos. En medio de esa investigación, según Rodríguez,
Don Arturo recibió una llamada del ex auditor interno de la avícola,
Mario de Aguila Cancinos, quien estaba buscando empleo.
De Aguila ''reveló el secreto'', comentó Rodríguez. En mayo de 1998,
el ex auditor explicó ``varios mecanismos que estaban siendo usados por
Bosch y Dionisio para desviar ganancias y dividendos sin reconocer
derechos a Lisa [la empresa holding de Don Arturo]''.
Agrega que De Aguila ``confirmó el fraude en relación con la venta de
pollos vivos por dinero en efectivo y nos dio los indicios de depósitos
de grandes cantidades de efectivo en cuentas bancarias de Miami''.
Basándose en una declaración jurada de De Aguila, los abogados
pidieron el embargo preventivo de bienes raíces en Miami, la mayoría
situados en Key Biscayne, compañías de fachada que supuestamente usaron
los acusados para desviar el dinero y de cuentas bancarias en Hamilton
Bank, Israel Discount Bank, Total Bank, Republic International Bank of
Nueva York, Merrill Lynch, Chase Manhattan, Marine Midland Bank y Barclays
Bank.
Un avión Cessna Citation y un Pipper PA31T fueron también embargados.
Una nueva reunión se realizó en Toronto, Canadá, entre las partes,
pero sin la presencia de Amsterdam, una condición que solicitaron
Dionisio y Bosch. Amsterdam aceptó pero ordenó instalar una cámara de
video secreta en la sala donde se realizó la reunión de Juan Luis con
Rojas y Rusell.
Los demandantes luego argumentarían que en Canadá sólo se requiere
el consentimiento de una de las partes para hacer este tipo de grabaciones.
De esa reunión, comentó Rodríguez, saldría la prueba más
contundente que sus clientes tienen para demostrar los alegatos de fraude
y lavado de dinero de los socios en la avícola.
Son seis horas de grabaciones en vídeo, afirmó Rodríguez, en las que
Rojas y Rosell explican el mundo subterráneo de la contabilidad de la
empresa.
Según la demanda, el proceso funcionaba de la siguiente manera. El
dinero se depositaba en las cuentas de los ejecutivos del grupo y con él
se compraba efectivo en dólares en casas de cambio y otros instrumentos
monetarios que luego eran depositados en cuentas de Miami. Los fondos de
estas cuentas eran utilizados para comprar casas y otros bienes en el el
sur de la Florida. Para justificar el envío del dinero al exterior se creó
una empresa en Panamá, Ancona Finance, que hacía ''préstamos falsos'' a
la compañía avícola en dólares.
La contabilidad doble se guardaba en una oficina, conocida como ``el
cuarto de los trucos''.
