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Nota de Prensa

Posted on Sun, Oct. 16, 2005

Un imperio de pollos se despluma en Miami




El Nuevo Herald

La tranquilidad que se respiraba en el ambiente del elegante salón del Hotel Sonesta de Key Biscayne, esa mañana del 16 de febrero de 1999, alimentó las esperanzas de algunos de los presentes de que la reunión a puerta cerrada pondría punto final a una larga disputa de una de las familias más poderosas de Centroamérica.

Durante la primera parte de la sesión, uno de los grupos familiares escuchó pacientemente las explicaciones del otro respecto a los negocios de la enorme y próspera empresa Avícola Villalobos. No hubo gritos ni diatribas.

Pero la vida de todos los presentes cambió cuando Juan Arturo Gutiérrez, uno de los patriarcas de la familia en discordia, más conocido en Guatemala como Don Arturo, oprimió el botón de play de un aparato de dvd.

En la pantalla apareció el propio Don Arturo acusando a los miembros del grupo familiar opositor de ladrones y mentirosos, y para sustentar sus señalamientos proyectó imágenes que habían sido tomadas secretamente durante una reunión en Canadá a mediados del año anterior.

En las imágenes aparecían dos altos ejecutivos de Avícola Villalobos explicando, sin escrúpulos, una serie de maniobras presuntamente fraudulentas para obtener ingresos millonarios a espaldas de la contabilidad de la empresa y engañar al fisco de Guatemala, quedándose con los impuestos a las ventas.

Allí también se citaba el testimonio de un auditor del grupo familiar que describió cómo los sobrinos de Don Arturo utilizaban cuentas bancarias en Miami para esconder ingresos y dividendos de la empresa.

Como despedida del documental, el empresario les advirtió que se prepararan para una acción legal.

En ese momento, de acuerdo con la versión de los demandados, las puertas del salón del hotel se abrieron y apareció una tromba de notificadores judiciales que abordaron a los ejecutivos para que firmaran citaciones a un proceso civil que la empresa matriz de Don Arturo, Lisa S.A, acababa de entablar en una corte estatal de Miami.

Una cámara, a la entrada del salón, instalada por investigadores de los demandantes, captó la llegada y la salida de los asistentes y en otro lugar del hotel se tomaron imágenes de los automóviles de los invitados.

Con este reality show de la familia Gutiérrez, se inauguró una batalla legal que involucra como acusados de fraude y lavado de dinero a los representantes de la familia más rica y políticamente influyente de Guatemala, propietaria de un conglomerado de unos $2,200 millones que controla la industria avícola, tiene inversiones en hidroeléctricas, banca, medios de comunicación e industria alimenticia.

Como consecuencia del litigio, varias casas lujosas y apartamentos de Key Biscayne, dos aviones ejecutivos, automóviles y numerosas cuentas bancarias en Miami y Nueva York han sido embargados preventivamente por orden de un juez estatal.

En Miami, Don Arturo y su hijo Juan Guillermo Gutiérrez, en nombre de Lisa, S.A., adelantan dos procesos civiles, uno estatal, por uso de propiedades robadas; y otro federal por confabulación para cometer actos fraudulentos y lavado de dinero bajo la figura legal del RICO Act (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations).

Hace un mes, el proceso federal tomó un nuevo impulso al conocerse una decisión de un juez de apelación que ordenó a la corte federal reabrir el caso sin supeditarlo al desarrollo del expediente estatal.

Entre los acusados están los dos dirigentes más visibles del emporio familiar:

• Dionisio Gutiérrez Mayorga, líder empresarial, periodista de televisión y financista político con ambiciones presidenciales, a quien popularmente se le conoce como Diosito por su extraordinario poder. Gutiérrez ocupa el cargo de copresidente de la corporación Multi-Inversiones, la empresa matriz del grupo familiar. Es sobrino de Don Arturo.

• Juan Luis Bosch, presidente de Multi-Inversiones. Es uno de los más destacados promotores del tratado de libre comercio de Centroamérica, CAFTA y adalid de la batalla contra la dependencia petrolera de la región de los designios del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Con frentes en Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Panamá e Islas Vírgenes, la batalla legal ha llegado al punto de que una de las partes alega que durante el velorio de un miembro de la familia en Guatemala, el bando contrario repartió cartas de acusaciones.

Don Arturo mantiene una página en internet sobre el caso y ha impreso una revista gratuita con sus argumentos. Del otro bando, en su programa de televisión Libre Encuentro, su sobrino Dionisio se ha referido veladamente a Don Arturo como el ``sicópata de clóset''.

Edward H. Davis, abogado de la mayoría de los demandados, dijo a El Nuevo Herald que se abstenía de dar declaraciones sobre el caso. La decisión fue tomada un día después de que el abogado había aceptado una entrevista con este reportero.

''Discúlpenos por la señales contradictorias, pero hemos llegado a la conclusión de que preferimos no hablar de litigios pendientes'', explicó Davis.

''Esa una muestra más de que no tienen argumentos'', dijo el abogado de Don Arturo, Juan Rodríguez ``¿Qué respuesta pueden tener a los famosos vídeos en donde el ejecutivo más importante de Guatemala aparece reconociendo que blanquea dinero negro?''

En varios memoriales presentados en las dos cortes de Miami, los demandados han sostenido que la querella es una forma de ''extorsión'' y han concentrado su defensa en alegatos de que los tribunales de Estados Unidos no tienen jurisdicción sobre el caso, pero no han respondido en profundidad a los señalamientos de presunto lavado de dinero en bancos de Miami a través de compañías de fachada.

La larga gresca familiar se inició a raíz de divergencias y recriminaciones en el proceso de adquisición, por parte de Dionisio y Bosch, de los intereses que la empresa matriz de Don Arturo tenía en el conglomerado familiar.

Don Arturo vive en Canadá desde 1982. Decidió mudarse a ese país a raíz del secuestro de su hijo Juan Luis, por quien tuvo que pagar un rescate después de un cautiverio de 39 días. El empresario dejó en manos de sus sobrinos Dionisio y Bosch la administración de sus intereses en el grupo familiar.

Los demandantes aseguran que en los años siguientes Don Arturo perdió interés por los negocios. La versión de Don Arturo es que sus sobrinos dejaron de presentar reportes y en 1991 tuvo que exigir enérgicamente documentación sobre el estado de las compañías. Después de varias discusiones, los sobrinos le hicieron una oferta de compra que desembocó en un desacuerdo en el precio.

De $47.5 millones que le ofrecieron en 1992, los potenciales compradores bajaron a $17 millones a finales de 1997, aseguran los demandantes.

''Esa reducción encendió las luces de alarma de Don Arturo y su familia'', explicó el abogado Rodríguez.

Ante la indignación de Don Arturo, que veía que jugaban con sus intereses, los sobrinos hicieron una contraoferta de $49.5 millones, agregó Rodríguez.

Los extraños altibajos de las propuestas llevaron a Don Arturo a contratar a un contador y al conocido abogado canadiense Robert Amsterdam, quien representa al magnate petrolero ruso Mijail Jodorkovsky, ex presidente de la petrolera Yukos, en un litigio contra el estado ruso.

El abogado fue expulsado hace tres semanas de Rusia por sus declaraciones acerca de la corrupción del gobierno de Vladimir Putin.

Para analizar las pretensiones de cada lado, Amsterdam se reunión en abril de 1998 en Canadá con los representantes de la contraparte, Fernando Rojas, director ejecutivo del grupo, y Roderico Rosell, director financiero.

En esa reunión, argumentan los demandantes, Rojas y Rosell admitieron que un 50 por ciento de las ventas de la empresa avícola no estaban registradas en los libros de contabilidad. La empresa estaba vendiendo pollos vivos por debajo de la mesa. También confesaron, según documentos aportados a la demanda, que por un error le habían entregado un reporte contable a Juan Luis, el hijo de Don Arturo, que estaba destinado a Bosch, su contraparte.

Amsterdam exigió a los sobrinos de Don Arturo una lista de documentos al tiempo que contrató a Rodríguez en Miami y a una legión de investigadores privados para que hicieran una pesquisa de la venta irregular de pollos. En medio de esa investigación, según Rodríguez, Don Arturo recibió una llamada del ex auditor interno de la avícola, Mario de Aguila Cancinos, quien estaba buscando empleo.

De Aguila ''reveló el secreto'', comentó Rodríguez. En mayo de 1998, el ex auditor explicó ``varios mecanismos que estaban siendo usados por Bosch y Dionisio para desviar ganancias y dividendos sin reconocer derechos a Lisa [la empresa holding de Don Arturo]''.

Agrega que De Aguila ``confirmó el fraude en relación con la venta de pollos vivos por dinero en efectivo y nos dio los indicios de depósitos de grandes cantidades de efectivo en cuentas bancarias de Miami''.

Basándose en una declaración jurada de De Aguila, los abogados pidieron el embargo preventivo de bienes raíces en Miami, la mayoría situados en Key Biscayne, compañías de fachada que supuestamente usaron los acusados para desviar el dinero y de cuentas bancarias en Hamilton Bank, Israel Discount Bank, Total Bank, Republic International Bank of Nueva York, Merrill Lynch, Chase Manhattan, Marine Midland Bank y Barclays Bank.

Un avión Cessna Citation y un Pipper PA31T fueron también embargados.

Una nueva reunión se realizó en Toronto, Canadá, entre las partes, pero sin la presencia de Amsterdam, una condición que solicitaron Dionisio y Bosch. Amsterdam aceptó pero ordenó instalar una cámara de video secreta en la sala donde se realizó la reunión de Juan Luis con Rojas y Rusell.

Los demandantes luego argumentarían que en Canadá sólo se requiere el consentimiento de una de las partes para hacer este tipo de grabaciones.

De esa reunión, comentó Rodríguez, saldría la prueba más contundente que sus clientes tienen para demostrar los alegatos de fraude y lavado de dinero de los socios en la avícola.

Son seis horas de grabaciones en vídeo, afirmó Rodríguez, en las que Rojas y Rosell explican el mundo subterráneo de la contabilidad de la empresa.

Según la demanda, el proceso funcionaba de la siguiente manera. El dinero se depositaba en las cuentas de los ejecutivos del grupo y con él se compraba efectivo en dólares en casas de cambio y otros instrumentos monetarios que luego eran depositados en cuentas de Miami. Los fondos de estas cuentas eran utilizados para comprar casas y otros bienes en el el sur de la Florida. Para justificar el envío del dinero al exterior se creó una empresa en Panamá, Ancona Finance, que hacía ''préstamos falsos'' a la compañía avícola en dólares.

La contabilidad doble se guardaba en una oficina, conocida como ``el cuarto de los trucos''.

 

 

The Miami Herald, Sunday, January 26, 2003

Poultry magnates' family feud erupts into big tax-fraud case 

This family saga is like a plot plucked straight from a Latin telenovela.

Washington DC, Lunes 17 diciembre 2001

PRESENTAN DENUNCIA CONTRA ESTADO DE GUATEMALA POR CORRUPCION JUDICIAL Y VIOLACIOENS AL DEBIDO PROCESO

La denuncia podría alcanzar a poderosos empresarios, algunos medios de comunicación y ex ministros de Estado.

Debido a los altos niveles de corrupción al interior del sistema judicial Guatemalteco y a las sistemáticas violaciones al debido proceso legal, este lunes Juan Arturo Gutiérrez, co-propietario del Grupo Avícola Villalobos, denunció formalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Guatemala.

En base a los cargos y las pruebas disponibles la denuncia podría sentar un importante precedente jurídico en la región pues es el primer caso contra el Estado de Guatemala que invoca la Convención Americana contra la Corrupción.

Ante la inexplicable inercia del poder judicial guatemalteco, la denuncia pide a la CIDH que intervenga para garantizar al empresario Juan Arturo Gutierrez el denegado acceso a la justicia, a tribunales imparciales y al debido proceso. Desde 1999 el denunciante es víctima de diversos ardides judiciales que le impiden ejercer su legítimo derecho de co-popietario en diversas compañías pertenecientes al poderoso Grupo Avícola Villalobos.

LOS CARGOS Y DENUNCIADOS

La denuncia acusa a los empresarios Juan Luís Bosch Gutiérrez y Dionisio Gutiérrez Mayorga, responsables del control efectivo y del manejo del Grupo Avícola Villalobos, de ocultar deliberadamente los ingresos de la empresa, evasión de impuestos, simulación de gastos y complicadas maniobras de lavado de dinero.

Las maniobras ilegales dentro del sistema judicial guatemalteco y violaciones al debido proceso determinaron que el empresario Juan Arturo Gutierrez presentó una demanda civil en el Estado de la Florida (Estados Unidos) por lavado de dinero mediante transferencias desde bancos de Guatemala hacia otros de la Florida.

A pesar de las reiteradas denuncias por la falta de transparencia presentadas en contra ciertos funcionarios del poder judicial guatemalteco y las sustentación de recursos de amparo presentados ante la Corte Suprema de Justicia, hasta la fecha el empresario Juan Arturo Gutierrez sólo ha recibido respuestas dilatorias.

PRESIONES POLITICAS E INFORMATIVAS

Para evitar que las denuncias de Juan Arturo Gutierrez prosperen, los denunciados promovieron campañas en medios de comunicación. De forma increíble, una Corte de Guatemala respaldó un recurso de amparo a favor de los denunciados para impedir las averiguaciones de infracciones tributarias perpetradas por el Grupo Avícola Villalobos.

VALIÉNDOSE DE LA IMPUNIDAD

En la demanda por lavado de dinero presentada por el empresario Juan ArturoGutierrez ante un tribunal de Florida, los denunciados argumentaron que el caso debe ser tramitado en Guatemala, cuyos tribunales servirán como “foro más apropiado” para resolver la controversia.

Este intento de argumentar que Guatemala es un foro más “apropiado” viene después de haber presentado un afidávit ante el juzgado de Florida en el cual admiten los tremendos riesgos que conlleva litigar en Guatemala y de ventilar sus asuntos financieros y comerciales.

EL SILENCIO DE UN EX MINISTRO

El caso hace referencia a amnistías fiscales ad-hoc concedidas por el Gobierno de Guatemala. El ex Ministro de Finanzas Pedro Lamport se ha negado a rendir declaraciones al respecto ante los tribunales de la Florida.

VICTIMA DE LA DELINCUENCIA

Desde 1982 Juan Arturo Gutierrez ha sido víctima de la violencia imperante en Guatemala. Por ser un empresario prospero y de buenos principios seconvirtió en un blanco fácil de los delincuentes, al punto que uno de sus hijos fue secuestrado y tuvo que pagar un alto rescate. Desde 1982 vive en Canadá con su familia.

Sus sobrinos Juan Luís Bosch Gutiérrez y Dionisio Gutiérrez Mayorga. desde esa fecha se hicieron cargo de la administración de las empresas familiares.